El ahorro en la cuota puede llegar a los 430 euros al año por empleado
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de impulso de los planes de pensiones de empleo colectivos, con el que el Gobierno quiere reforzar el ahorro complementario de cara a la jubilación, especialmente entre los trabajadores de rentas medias y bajas, aquellos con menos margen de ahorro para abrir un plan individual.
Con ese objetivo, el texto final de la norma que ahora se envía al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria (que debe concluir antes del 30 de junio para cumplir los compromisos con Bruselas) incorpora nuevos incentivos para que a las empresas les resulte atractivo hacer aportaciones a esta hucha para el retiro de sus empleados. En el 2019, apenas 15.000 compañías ofrecían a sus plantillas planes de pensiones.
Frente al rechazo inicial del Ejecutivo a ofrecer algún caramelo fiscal, el texto definitivo «reintroduce la no contribución de las aportaciones a estos planes que estuvo vigente hasta el 2013», como anunció ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Es decir, las cantidades que ingresen las empresas se descontarán de sus bases de cotización, con un límite de 115 euros al mes por trabajador, 1.380 al año. Hay que tener en cuenta que el ahorro real en la cuota será inferior, ya que el tipo de cotización oscila entre el 31,4 y el 37,05 %, de forma que el descuento efectivo máximo sería de unos 433 euros (unos 36 euros al mes).
En el caso de los trabajadores, también se establecen límites más laxos en las aportaciones que se podrán deducir en el impuesto sobre la renta, permitiendo que superen las realizadas por la empresa en caso de que estas sean inferiores a los 1.500 euros anuales. Así, si su empleador ingresa menos de 500 euros al año en su plan de pensiones, el empleado puede multiplicar por 2,5 esa cifra. Si la contribución es de entre 500 y 1.000 euros, puede duplicarla, y si supera esa última cifra pero no llega a 1.500, poner hasta un 50 % más. A partir de 1.501 euros, el trabajador solo podrá ingresar lo mismo que la empresa. La intención es discriminar positivamente a las personas con rentas medias y bajas y centrar sobre ellos los incentivos fiscales.
A estas aportaciones deducibles en planes de empleo (con un tope de 8.500 euros anuales) hay que sumar otros 1.500 euros por ingresos en los planes individuales, por lo que el máximo anual no podrá superar los 10.000 euros.
En el caso de los autónomos, cuyo acceso a estos planes es una de las novedades de la nueva normativa, el límite se establece en 5.750 euros al año, más del triple del vigente actualmente. Ayer mismo, UPTA, una de las asociaciones más representativas del colectivo, anunció que promoverá «un plan específico con garantía del Estado para mejorar las pensiones de jubilación de 3,3 millones de autónomos», en palabras de su presidente, el gallego Eduardo Abad.
Menos comisiones
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Escrivá destacó que, además de las bondades fiscales para empresa y trabajadores, los planes de empresa también son más atractivos por sus menores comisiones respecto a los individuales.
Pese a las cesiones del Ejecutivo, el proyecto de ley aún no colma las aspiraciones de los agentes sociales. Así, desde la CEOE reclaman que, además de las rebajas en las cuotas, se recuperen las deducciones de hasta el 10 % en el impuesto de sociedades por las aportaciones que estuvieron en vigor hasta el 2013, una medida a la que se han opuesto desde Hacienda. Desde los sindicatos, CC.OO.dudó también de la eficacia de estos cambios legales para fomentar las aportaciones a planes de empresa.
Desde el sector, la patronal del seguro Unespa afirmó que el proyecto de ley presentado ayer por Escrivá es «insuficiente» en sus incentivos y una «ocasión perdida» para acometer una revisión estructural del sistema de pensiones.
O Resumo Edición Nº 495 - 25 de Febrero de 2022
Fuente: lavozdegalicia.es 23.02.2022
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