El economista recuerda que España suele ejecutar solo el 40 % de fondos europeos
El economista José Manuel González-Páramo (Madrid, 1958) fue miembro del comité ejecutivo y del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) del 2004 al 2012. Hoy consejero independiente de Abanca y presidente de European DataWarehouse. Una voz autorizada que vaticina altos niveles de inflación como mínimo hasta el año 2025.
—Inflación disparada, subida de tipos de interés y fuertes costes energéticos. ¿Cómo se comportará la economía a corto plazo?
—A corto plazo, la inflación alta está teniendo un impacto en la renta disponible de todos los agentes económicos. Ya estamos viendo una retracción del consumo y eso está moderando mucho las tasas de crecimiento: este año será del 4,4 o 4,5 % en España, y para el próximo las previsiones convergen en tasas menores del 1 %, sin ser descartable una pequeña recesión, con este cuarto trimestre y primer trimestre del 2023 en negativo. Se debe en buena medida a la inflación. Las exportaciones también van a flojear el próximo año y es muy importante la incertidumbre económica y la afectación del coste de la energía para un país dependiente (salvo en renovables) como es España.
—¿Qué medidas caben?
—La ortodoxia económica es bien conocida y funciona siempre bien. En situaciones como la actual, primero tenemos que dejar al BCE hacer su trabajo y darle todo el apoyo, sin contradecirlo. Es verdad que no es grato que los costes de financiación suban, pero lo que es anómalo es que hayan estado tan bajos durante tantos años. Y la política fiscal debería ser más equilibrada, en el sentido de ofrecer garantías a los inversores internacionales y a los agentes económicos nacionales de que el déficit público está bajo control y que la deuda pública que tenemos de en torno al 115 % [del PIB] nada menos (viniendo del 35 % al inicio de la crisis financiera) no va a perjudicar nuestro crecimiento y desarrollo. Es un nivel enorme: cada incremento de punto adicional de tipo de interés sobre ese stock de deuda es más de un punto de PIB cuando se traslade a todos los plazos. De manera que política fiscal equilibrada, creíble y anunciada a medio plazo; que el BCE actúe y, mientras tanto, seguir introduciendo reformas estructurales que hacen la economía más adaptable y flexible: en el mercado laboral, en educación, en pensiones... Todo esto ayuda a mejorar el crecimiento potencial, sin excluir desde el 2021 al 2026 los fondos Next Generation que vienen de Europa, que han puesto a disposición de España 70.000 millones en subvenciones y otro tanto en préstamos.
—Pero su reparto se enquista. Un 70 % de los 33.000 millones de los once Perte aprobados (3.800 en Galicia) están pendientes de distribuir. ¿A qué lo atribuye?
—Para empezar, yo no estoy seguro de que esa cifra responda a una realidad tangible. Si una critica se puede hacer a cómo se está gestionando esto es la falta de información coherente y con la suficiente transparencia para evaluar lo que está ocurriendo con estos planes. Yo intento seguirlo de cerca como economista y, francamente, estoy desconcertado: no logro saber cuánto se ha gastado, en qué, cuánto falta por gastar, y me tengo que fiar de los análisis de personas como Rafael Doménech o Ángel de la Fuente que van juntando piezas y, como en un puzle, dicen: «En el 2021 de 20.000 millones disponibles, se gastaron 1.000». Y uno se queda perplejo, porque es un 5 %. Uno puede decir que era muy pronto y no hubo tiempo para preparar los proyectos de inversión. En el 2022 hay una ejecución algo mayor, pero no se espera que se ejecuten más de entre 10 y 15.000 millones, cifra bastante inferior a la programada, y que no recupera lo que no se gastó en el 2021. Y para el 2023, otro tanto.
—¿Habrá problemas de tiempo?
—Hay unos plazos que cumplir: en el 2024 se tienen que haber comprometido todos los fondos, y hasta finales del 2026 para gastarlos. Los plazos se nos vienen encima. Se está empezando a decir que España podría pedir una prórroga a Europa, con razones justificadas. Pero no debemos olvidarnos de que hay otros países que los están ejecutando bien y en tiempo, y hace falta que se pongan de acuerdo los 27 para que la prórroga tenga lugar. Mi preocupación es que una oportunidad histórica como no ha habido y probablemente no haya (como es recibir fondos conjuntos y solidarios de Europa para facilitar la transición digital, la energética y la inclusión social), no se aproveche a la altura que debería. Son fondos que podrían elevar el crecimiento potencial de España, según estimaciones de Doménech, del 1,1 al 1,9 %. Y perder la ocasión de que sea así sería imperdonable. Hace un año se flexibilizó la tramitación inicial, y con eso y con todo... España tiene una tradición de ejecución baja de los fondos europeos, de en torno al 40 %. Y se encontró con un añadido de 70.000 millones en seis años. Hay que comprender lo que pasa a la luz de esto. Cualquier país responsable debería tener proyectos listos para sacarlos adelante una vez haya financiación. Y eso no parece estar ocurriendo.
«El impuesto extraordinario a la banca puede subir diez puntos básicos los tipos de interés»
El Gobierno sigue adelante con el impuesto extraordinario a la banca, pese a la alerta del BCE de que pone en riesgo el crédito.
—¿Comparte el análisis?
—Naturalmente. España tiene un problema de déficit y de deuda pública que hay que solucionar con perspectiva: necesitamos o más ingresos públicos o menos gasto público en lo que sea prescindible. Esta última es la parte difícil de la disciplina presupuestaria, porque siempre es más fácil subir ingresos. El Gobierno encargó a un grupo de expertos un informe sobre reforma fiscal, y este tributo no formaba parte del libro blanco. Es equívoco hablar de beneficios extraordinarios de la banca, cuya rentabilidad, pese a las cifras de beneficios que se publican, no alcanza a pagar el coste del capital. Si se introduce el impuesto tendrá efectos sobre el crédito y sobre su coste; esto es, los tipos de interés, que pueden subir 10 puntos básicos de promedio. Te cuesta más financiarte y tienes que trasladar ese coste. Pero es que, además, el BCE obliga a los bancos: si te ponen un impuesto, tienes que trasladarlo al consumidor. Aparentemente el impuesto prohíbe esa traslación, contra el criterio del supervisor. Los bancos harán caso al BCE y se estima que puede repercutir en un 0,1 % menos de PIB. ¿No hay formas de reducir el déficit sin esas consecuencias sobre la economía?
—Y los intereses no se frenan.
—En la última oleada de la encuesta del BCE, los expertos esperan un máximo del 3 % a partir de marzo del 2023 hasta marzo del 2024, y que a partir de ahí empiecen a bajar. Está por ver cuál será el crecimiento de la UE, porque hay quien no descarta que Europa en su conjunto esté en recesión en el 2023, especialmente Alemania e Italia. Si fuera el caso, igual el 3 % basta para una rápida reducción de la inflación.
O Resumo Semanal - Edición Nº 530 - 18 de Noviembre
Fuente: lavozdegalicia.es 14.11.2022