En pleno auge económico, Galicia necesita cubrir todo tipo de empleos, desde profesionales hasta oficios tradicionales. Para lograrlo, lanzó una inusual estrategia para que sus descendientes retornen.
En el barrio Ensanche, de la Coruña, hay una calle donde las tiendas empezaron a incorporar productos rioplatenses como yerba, dulce de leche, alfajores. Cada vez tienen más clientes. Para Belén Casal Gil, esta es una clara señal del retorno de descendientes de gallegos desde Argentina y Uruguay, motivados por unaseductora política que lanzó el gobierno de Galicia —en 2018 y reforzó en 2023— para que sus hijos, nietos y bisnietos en otras tierras españolas y en el extranjero, “vuelvan a casa”.
“Creo que se conoce muy poco de Galicia y la fama se completa con omisiones. Aquello de que está al norte, lejos, que es una zona rural y atrasada con mal clima. Los dos polos magnéticos de España son Barcelona y Madrid, es de ellos que nos llega más información. O a veces nos dicen España y pensamos en sevillanas y en toros y eso es solo una parte de las múltiples expresiones culturales que tiene el país. Me apena reducir a Galicia de esa forma. Yo la defiendo porque adoro vivir acá y veo un montón de riqueza que no se conoce”, dice Belén. Que tiene 34 años, nació en Uruguay y es hija y nieta de gallegos. Hace cinco años decidió volver a sus orígenes junto a su marido, aplicó —y ganó— a una beca de estudios promovida por el gobierno de Galicia, se mudó a Santiago de Compostela y allí cría a sus dos hijas.
Emigrar no es fácil. “Cambiar de vida y de país siempre requiere uno o dos años de adaptación, es un duelo al que lleva su tiempo acostumbrarse”, dice Belén. Implica una reconstrucción y la Xunta de Galicia lo sabe. Su propuesta se basa en esto: transmitir la ilusión de reconstruir juntos una nueva autonomía y para eso desplegó una estrategia con 100 medidas y 450 millones de euros que busca atraer en cuatro años —2023 al 2026— a 30.000 retornados ofreciéndoles trabajo y becas de estudio, además de apoyos económicos en asistencia social y para que monten sus propios emprendimientos.
Unos días atrás, a mediados de febrero, Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de la Emigración, visitó Argentina y Uruguay para presentar estos programas. Entre los dos países agrupan a 223.000 gallegos, lo que representa más del 40% del total de compatriotas desperdigados por el mundo. Les vino a comunicar qué tiene para ofrecer la nueva Galicia. Específicamente hizo foco en un flamante plan que busca sumar 400 trabajadores en 2023.
En Galicia el idioma oficial es el castellano y la necesidad de mano de obra es generalizada. Se necesitan trabajadores para el sector automotriz, la pesca, la construcción y en empresas de tecnología y de la comunicación que se han desarrollado en torno al comercio local, en algunos casos viniendo a instalarse desde el extranjero. Faltan trabajadores en el sector bancario. También médicos y enfermeros. Pero además se necesitan empleados para los oficios más tradicionales: soldadores para la industria naval, caldedería, siderurgia; técnicos de electrónica, electricistas, albañiles, carpinteros y ebanistas. “El abanico es amplísimo”, resume Rodríguez Miranda.
Los beneficiados partirán con un contrato firmado, el pasaje de avión pago y una ayuda para costear el primer mes. El requisito: contar con la ciudadanía española, un vínculo sanguíneo con la comunidad gallega y, claro, pasaporte vigente.
Ecos de la diáspora.
El desastre que generó la Guerra Civil, junto a las malas cosechas de los primeros años de la década de 1950, confluyeron para provocar terribles hambrunas de las que el pueblo gallego huyó atravesando mares y océanos. Por esos tiempos no había industrias en Galicia, la vida era esencialmente rural. Los hijos de las familias numerosas abandonaban el hogar, uno a uno, para que se alimentaran los más pequeños.
Los que pudieron se desplazaron a otras regiones menos golpeadas del país. Otros gastaron los ahorros de toda una vida o pidieron dinero prestado para viajar hacia América Latina, a países como Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Cuba, Chile, Colombia o México. Luego, una segunda ola partió en 1960 hacia el occidente Europeo, fundamentalmente a Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza u Holanda.
Los padres de Jorge Torres Cantalapiedra, el representante por Uruguay en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, llegaron a Montevideo en barco. Primero el padre, desde Galicia; después la madre, desde el País Vasco. Dos de sus tíos, sin embargo, se dirigieron a Francia: llegaron nadando.
“Por el año 1952 y 1953, que fue el pico de emigración, los españoles venían reclamados: vos tenías a una persona en Uruguay que reclamaba a un pariente o a un conocido, y le daba la garantía al Estado de que esa persona era honesta”, cuenta desde el hall del imponente Club Español de Montevideo. Un edificio esplendoroso que después de 145 años de fundación retiene la épica de estas historias en detalles como los barcos luchando contra olas que están esculpidos en lo alto de sus muros.
Algunos audaces venían sin este documento ni contactos. Eran inmigrantes que, tras más de 30 días de viaje marítimo, sentían el impulso de no esperar el destino final en el puerto de Buenos Aires y descendían antes, en San Pablo o Río de Janeiro o Montevideo, capital de la entonces “Suiza de América”. Venían desde Europa a “hacerse la América”. Acá los recibían otros inmigrantes. Rápidamente terminaban trabajando en almacenes o bares o pensiones. “Traían una valija de cartón con algunas fotos familiares: nada más”, describe Torres Cantalapiedra. “Trabajando de sol a sol”, juntaban dinero para pagar las deudas en España y traerse a los parientes capaces de soportar el viaje y el desarraigo.
“Mi padre tuvo la suerte de lograr traer a su madre. El objetivo acá era forjar una familia y tratar de volver. O quedarse y demostrar que no había sido en vano la trayectoria que habían hecho”, cuenta. Esa demostración, por lo general, implicaba trabajar y ahorrar para comprar una casa propia y costear los estudios de los hijos y así se forjó un carácter. “Yo estudié en la década de 1970 y en ese entonces éramos ‘los hijos de gallegos’, estábamos degradados, pero con el tiempo, estos inmigrantes y sus hijos fueron ocupando lugares destacados de la sociedad uruguaya al mismo tiempo que en España, las cosas en Galicia empezaron a mejorar y empezó a crecer y el concepto comenzó a cambiar”.
La generosidad de España hacia sus emigrantes en Uruguay siempre ha sido reconocida. Hasta muy poco tiempo atrás el sostén del Hogar Español —una residencia para ancianos— constituía la mayor inversión anual del gobierno español en el extranjero. España también paga una pensión, mutualista y parte de la medicación a los mayores de 65 años de bajos recursos. Galicia, por su parte, no se quedó atrás. En el último cuarto de siglo ha estrechado los vínculos, financiado intercambios estudiantiles y viajes turísticos de sus descendientes hacia aquella patria donde empezó todo.
Torres Cantalapiedra, que integra más directivas y comisiones de las que se pueden recordar, en su cargo de presidente del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay, vivió un febrero agitadísimo y lo espera un marzo aún más intenso. Es el portador de tres buenas noticias para la comunidad española local.
Luego de una década, finalmente podrán volver a votar por correo en las próximas elecciones. Además, tras una larga lucha, por un período de dos años los descendientes de españoles —sin límite de edad ni de género— están habilitados a tramitar su nacionalidad. Y aquellos de origen gallego —se estima que son unos 40.000 de un total de 70.000 españoles— podrán postularse a la batería de ayudas económicas que la Xunta programó para vivir, estudiar y trabajar en la nueva y mejorada Galicia, que necesita de los retornados para empujar su crecimiento.
La nueva Galicia.
Si en 1857 Galicia representaba el 11,5% del total de la población española, tras una emigración de más de un millón de personas en la segunda mitad del siglo XX, la cantidad de habitantes no hizo más que menguar: en 2018, esta cifra bajaba a menos de la mitad. Hoy son 2.700.000 los habitantes que integran una sociedad que, según Rodríguez Miranda, el secretario general de la Emigración, “tiene a la inmigración metida en la genética”. Por eso la discriminación contra el “sudaca”, “no existe”. “Los gallegos todavía están desperdigados en 147 países. El 90% del medio millón que hoy está en el mundo reside en 10 países distintos”, dice. Uno de ellos es Uruguay, el territorio con más gallegos en proporción a su población total y por lo tanto un núcleo con alto potencial para captar retornados.
Galicia inició un nuevo capítulo tras el fin de la última gran crisis económica española (2008 - 2014). La recuperación trajo “un gran desarrollo económico”, afirma Rodríguez Miranda. “Con el gran avance de las exportaciones de las empresas gallegas al exterior, nos dimos cuenta que de esa recuperación económica nosotros queríamos que participasen también los gallegos que viven en el exterior. Ahí es cuando empezamos a desarrollar una estrategia de trabajo para el retorno”.
Son tres las razones detrás de este envión. Primero, volver es un derecho de la población que emigró. Segundo, los retornados le aportarían a Galicia “una gran ventaja competitiva”. Así lo explica el jerarca: “Nuestras empresas producen desde aquí y venden para el mundo. Uno de nuestros mayores ejemplos es el gigante textil Inditex (Zara). El dotar a nuestras empresas de personas de origen gallego pero que han nacido, crecido y trabajado en los mercados donde queremos insertarnos implica que contaríamos con profesionales que no deben estudiar esos mercados de cero porque ya los conocen”.
Por último, Galicia al igual que España —que Europa, y Uruguay también— está envejeciendo. “Tenemos un problema demográfico, pero tenemos una fuente de recursos muy importante que son nuestros gallegos en el exterior —ampliado con el efecto arrastre de sus familias— y al incorporarlos es una manera de revertir los saldos negativos vegetativos y recuperar población”, dice el secretario general de Emigración. Alrededor de 230.000 gallegos radicados en el exterior son menores de 45 años.
La primera edición de la estrategia fue en 2018. El resultado superó las expectativas: retornaron 28.000 y el objetivo eran 20.000. Entonces, los apoyos se constituían de becas a la excelencia de la juventud en el exterior (conocidas como becas BEME), pero también había —hay— otras acciones de acompañamiento social y laboral, que benefician de forma transversal a la población gallega y retornados.
Rodríguez Miranda cita el caso de la ayuda para los niños nacidos en Galicia. Si el núcleo familiar tiene un ingreso anual inferior a los 60.000 euros, en los primeros tres meses de vida sus padres pueden solicitar una ayuda de entre 1.000 y 1.500 euros hasta que cumplan los tres años. Los retornados con niños menores a tres, también acceden si la piden en un lapso de tres meses desde que llegaron.
Si una empresa de Galicia contrata a un trabajador por larga duración, tiene un apoyo económico del gobierno que se incrementa 25% si se decanta a favor de un retornado. Lo mismo en el caso del autoempleo, incrementando las ayudas si la ubicación de residencia es en el medio rural.
A este cúmulo de beneficios accedió la familia de Federica Reyes, uruguaya casada con un gallego retornado que cría a sus dos hijos en un balneario cerca de Vigo, en un punto ubicado entre un eje turístico y a su vez de una Galicia rural, tradicional, con casas de piedras. “Nosotros tenemos un emprendimiento de recuperación y restauración de muebles y antigüedades. Todas las ayudas que necesitamos nos salieron, son reales y están buenísimas”, cuenta ella.
La salud es gratuita, y las oficinas de acompañamiento y seguimiento al retornado trabajan gestionando su rápido acceso y a la educación también. En Galicia hasta los tres años los jardines no tienen costo y luego hay una oferta de educación pública —“buena, de tipo familiar; en la zona rural les sirven comida gratis y tienen deportes extracurriculares como patín, fútbol, básquetbol y surf”, cuenta Federica—, mixta y privada. También hay liceos y universidades públicas.
“Noto que a los 18 años muchos jóvenes se van a Barcelona o Madrid”, indica Federica. Esto genera un vacío y la sensación de que la población es notoriamente mayor. En cambio, es evidente la llegada de cada vez más familias con niños. “Acá se vive bien, es tranquilo y seguro. En la escuela veo muchas familias inglesas, estadounidenses, además de uruguayas y argentinas”.
Trabajo seguro.
La política de retorno de Galicia es pionera en España y para el período 2023 - 2026 duplicó la cantidad de medidas y de inversión. Toda la información se encuentra en el sitio web de la Xunta de Galicia , aunque se prevén charlas barriales en distintas localidades del país. Allí se anunció recientemente la séptima edición de las becas BEME de maestrías. Constan de una cuantía de entre 7.500 y 12.000 euros que cubre viaje, matrícula, alojamiento y manutención, a la vez que se les brindará a los beneficiarios una orientación laboral con el fin de que permanezcan en la comunidad autónoma. La postulación está abierta hasta el 28 de abril y se entregarán 250 becas.
Para organizar la gestión de los apoyos la Xunta trabaja con dos fundaciones, la Venancio Salcines y Nortempo, que concentra la difusión y organización del programa Retorna Califica Empleo en Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil y Venezuela. En menos de un mes desde el lanzamiento hay más de 100 inscriptos, de los cuales 30 son de Uruguay. “El perfil de los uruguayos es muy variado. Hemos recibido la postulación de familias enteras que quieren retornar. La proporción hombre y mujer es equitativa; también los que son profesionales y los que no. Hemos recibido currículum de ingenieros, contadores así como de operarios. Me llamó la atención mucha juventud que planea irse y luego continuar sus estudios allá”, dice Melina Di Pietro delegada de la fundación en Latinoamérica. El 70% de las postulaciones la enviaron menores de 30 años.
La tarea de Nortempo es doble. En Galicia, consiguen las ofertas laborales para el retornado —en cualquier ciudad— y desde América Latina consiguen al gallego que quiera retornar con una vacante que se ajuste a su perfil. “Se trata de hacer un match. La persona parte de su origen con el contrato firmado”, dice. Si no hubiera una vacante, “se busca proactivamente” una a su medida. Incluso puede contar con una mejora complementaria en su formación, a costo del programa. En el sitio iberempleo.net se encuentran las ofertas y también se pude ingresar el currículum.
A las empresas, la Xunta les exige que le garantice al retornado un mínimo de un año de trabajo. Si eventualmente quisiera desvincularlo, la fundación debe buscarle otro empleo. El programa paga el pasaje de avión del retornado (no de su familia) y le otorga 1.300 euros para que pueda organizarse el primer mes. A su vez, lo acompaña en todo el proceso de adaptación.
A modo introductorio, se les envía a los interesados un documento que busca ilustrar el costo de vida en Galicia. Rodríguez Miranda explica que comparativamente, un ingreso medio en Galicia es 20% inferior a uno de Madrid, sin embargo el costo de los servicios básicos se reducen en más de un 50%. Plantea: “¿Al final dónde vas a tener más renta disponible para tu ahorro? A lo mejor más aquí que en las grandes ciudades de España. Aquí en Galicia se hace muy efectivo el dicho de ‘no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita’”.
HIJOS Y NIETOS DE ESPAÑOLES TIENEN DOS AÑOS PARA TRAMITAR NACIONALIDAD
En 2007 se votó la Ley de Memoria Histórica, que permitía a hijos y nietos de españoles acceder a la nacionalidad. “La norma tuvo un margen de dos años, se prorrogó uno más, pero aún así quedó muchísima gente afuera”, dice Jorge Torres Cantalapiedra, presidente del Consejo de Residentes Españoles en Uruguay. La nacionalidad no podían transmitirla las mujeres e iba hasta los ciudadanos de 18 años. “Reclamamos acceder sin impedimentos porque tener la nacionalidad española abre las puertas a Europa”, dice Torres Cantalapiedra. Se “peleó” por más de una década, sin éxito, “porque los dos partidos más importantes de España se pusieron de acuerdo en derogar la ley, porque generaba una carga económica muy grande”. Se pedía una ley de nacionalidad que siempre estuviera vigente; no se logró, pero en octubre el gobierno sacó una ley para exiliados políticos que en febrero se amplió a exiliados económicos, sin restricciones de género y de edad. El margen es de dos años.
O Resumo Semanal - Edición Nº 541 - 10 de Marzo
Fuente: elpais.com.uy 5.3.2023